Hace más de dos años, el 22 de mayo de 2009, Soledad Bargna (19) era asesinada a puñaladas tras un intento de abuso sexual por un violador que cumplía su condena, pero por el régimen de salidas transitorias vivía en el edificio de la víctima.  Hoy, más de dos años después, la Cámara Baja aprobó un proyecto para restringir las salidas de los condenados por delitos sexuales.

¿Qué pasó en el interín? Una propuesta, una campaña y el involucramiento de los ciudadanos que, descreídos ya de la lentitud de la justicia y la ineficacia de la legislación vigente en la materia. Así emprendimos juntos un camino para construir lo que nos cansamos, reiteradas veces y siempre tarde, de pedir. Así nació “Construyendo Justicia, una campaña que se propuso:


1. Modificar la Ley 24.660 (de Pena Privativa de la Libertad) para limitar las salidas de los condenados por delitos sexuales y crear un régimen diferenciado para reincidentes; y


2. Crear un Registro Nacional y Público de Violadores, apoyando así la iniciativa emprendida por Madres del Dolor y A.Vi.Vi., entre otras organizaciones.


El primero de estos objetivos dio hoy el primer paso hacia su cumplimiento.  La familia Bargna fue fundamental en el avance de este proyecto, así como el involucramiento de las más de 140.000 personas que se suscribieron en adhesión a la iniciativa que hice pública en la página www.construyendojusticia.org. Distintos Diputados también tomaron el proyecto como propios, destacándose la Diputada Diana Conti –autora del Proyecto– y el Diputado Juan Carlos Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal.


Aún habiendo alcanzado este importante paso, no tenemos motivo para descansar. Ahora el Senado tiene que dar el visto bueno para que este esfuerzo no haya sido en vano.


La participación ciudadana está revalorizando la democracia y la está haciendo más fuerte, enalteciendo los procesos institucionales al mismo tiempo que fomenta –y demuestra– un enorme grado de involucramiento y participación ciudadana en la construcción de políticas públicas.


El Congreso de la Nación es la institución más representativa y democrática que tenemos, por eso tenemos la responsabilidad de hacerla valer como tal; pero no por eso debemos olvidar nuestros verdaderos objetivos: proteger a las mujeres que amamos y que nos acompañan día a día. Ese es el fin de esta campaña, lejos de cualquier intento de promover medidas de horrible tenor y nula eficacia como la castración química –y mucho menos otras como la pena de muerte–.


Queremos un país en el que todas y todos podamos ser un poco más respetados. Uno en el que la integridad y el respeto individual sea inviolable, pero también perseguidos los bienes comunes de toda la sociedad. Hoy hemos dado un importante paso en esa dirección. Sigamos juntos en este camino y no bajemos los brazos. El cambio recién empieza.

 

Por Mauro Fernández, Coordinador de Construyendo Justicia.

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